Convivencia escolar con letra chica: cuando la ley dice “cuide” y la caja dice “no”
Por Nora Montero, profesora de liceo técnico-profesional, Región de Atacama y Matías Riffo, profesor rural, Región de Coquimbo.
Por Nora Montero, profesora de liceo técnico-profesional, Región de Atacama y Matías Riffo, profesor rural, Región de Coquimbo.
Escribimos esta columna desde dos realidades distintas del sistema público, una escuela rural de Coquimbo, y un liceo técnico de Atacama. Pero compartimos un mismo diagnóstico, al sistema educativo chileno se le está pidiendo, por ley, que cuide mejor a sus comunidades, justo en el momento en que se le está diciendo, por decreto, que no puede contratar a quienes tendrían que hacerlo.
Una ley que por fin mira las causas
En marzo de este año se promulgó la Ley 21.809, donde se reconoce que expulsar no resuelve nada si no hay antes prevención, formación y acompañamiento. Exige un equipo de convivencia con dedicación exclusiva en cada establecimiento, protocolos de riesgo psicosocial para quienes trabajamos en aula, y hasta un Programa de Bienestar Socioemocional Escolar pensado para tercero básico en adelante.
Para quienes llevamos años pidiendo que la convivencia educativa se aborde con equipos y no solo con reglamentos, esto es, en el papel, una alegría tardía pero alegría al fin y al cabo. Prevenir, acompañar, formar, proteger, promover el buen trato, abordar la salud mental, fortalecer la participación y gestionar colaborativamente los conflictos son tareas indispensables para construir comunidades educativas más sanas.
El problema es que existe una pregunta que parece no estar recibiendo la misma atención. ¿Quién hará todo esto?
Los números que no mienten
El problema es que esta ley llega después de un deterioro que las propias cifras oficiales confirman. Según información entregada por la Superintendencia de Educación vía Ley de Transparencia al medio elresumen.cl, los expedientes de expulsión y cancelación de matrícula pasaron de 1.069 en 2022 a 3.404 en 2025; se triplicaron en tres años. Aula Segura, la ley de 2018 que facilitó estas sanciones, lleva siete años operando y el fenómeno que decía combatir no ha hecho más que crecer.
Las cifras, además, no muestran lo que ocurre después. Quienes estamos en el aula vemos que Aula Segura rara vez resuelve el conflicto, más bien lo traslada. Cuando se aplica, el o la estudiante sale de un establecimiento e ingresa a otro, donde muchas veces reaparecen las mismas dificultades sin que nadie haya trabajado sus causas; en los pasillos la llaman "la silla musical". Y cuando no se aplica, muchas familias, que ya conocen el procedimiento, retiran al estudiante antes de que se formalice la medida, este rinde exámenes como alumno libre y vuelve al año siguiente con la situación de fondo intacta. En ambos casos cambia el lugar del estudiante, pero no lo que le pasa.
El propio Colegio de Profesores lo advirtió en su momento, esa ley no decía nada sobre equipos multidisciplinarios, nada sobre apoyo psicológico para los actores agredidos, nada sobre una escuela más democrática. La Ley 21.809 viene, en parte, a llenar ese vacío. Pero llenarlo en el papel no es llenarlo en la sala de clases.
A esto se suma las dificultades de coordinación que existe entre los equipos de convivencia y los programas que intervienen a un mismo estudiante o a su familia rara vez trabajan en conjunto, y el resultado son jóvenes sobre intervenidos. Coordinar toma tiempo, y ese tiempo es lo que la ley busca asegurar con equipos de dedicación exclusiva y lo que un congelamiento de contrataciones pone en duda.
El ajuste que aprieta justo donde se necesita soltar
El 13 de marzo de 2026, doce días antes de que se promulgara la Ley 21.809, el Ministerio de Hacienda envió a todos los servicios públicos, incluida la institucionalidad educativa completa, un Oficio Circular con instrucciones de ajuste fiscal. Ordena una rebaja transversal de 3% del gasto bruto de cada partida, más una rebaja adicional de 1.000 millones de dólares a definir por cada ministerio.
Entre sus criterios hay tres que golpean directamente la implementación de la nueva ley de convivencia:
Primero, se instruye detener toda nueva contratación que no estuviera finalizada al 13 de marzo. La Ley 21.809 exige coordinadores de convivencia con jornada completa y equipos de al menos dos profesionales adicionales en cada establecimiento. Si esos cupos no estaban ya en trámite avanzado, quedan detenidos.
Segundo, y esto es lo que más nos preocupa como docentes de aula, se ordena no reemplazar a funcionarios por enfermedad, salvo posnatal o enfermedad de hijo menor de un año. La propia Ley 21.809 reconoce, que quienes trabajamos en educación estamos expuestos a riesgos psicosociales serios, y por eso crea protocolos de prevención de acoso laboral y reconoce enfermedades mentales de origen profesional. La ley anticipa que estos equipos se van a enfermar por la carga que llevan. El oficio de Hacienda dice que, si eso ocurre, no habrá reemplazo. Quien haga la pega de convivencia en un liceo grande, cuando el coordinador se licencia, seguirá siendo el mismo profesor jefe sobrecargado, sin apoyo adicional.
Tercero, se detienen los nuevos programas en transferencias sin excepción y las “etapas 2 y siguientes” de programas en curso. El Programa de Bienestar Socioemocional Escolar que crea la ley se ejecuta justamente así, por etapas. Es el tipo de gasto que este criterio apunta a frenar.
Lo que esto significa en nuestras escuelas y liceos
En una escuela rural como la nuestra, esto puede significar que el concurso para el coordinador de convivencia que la ley promete simplemente no se abra. En un liceo técnico, puede significar que si el profesional psicosocial se licencia, nadie lo reemplace y sus casos terminen repartidos entre quienes ya están con carga completa. La ley dice que el cuidado no puede depender del voluntarismo docente. La caja, tal como está instruida hoy, permite exactamente eso.
Una pregunta pendiente
Lo que resulta difícil de explicar a una comunidad escolar es que este mismo gobierno, que en marzo nos pidió "el máximo esfuerzo" para congelar contrataciones y reemplazos por enfermedad, impulsó meses después una megarreforma tributaria que reduce el impuesto a la renta de las grandes empresas y congela por veinte años las condiciones tributarias para las inversiones más grandes. No pretendemos simplificar un debate económico complejo, pero cuesta entender la lógica de fondo. Si la urgencia fiscal era tan severa como para bloquear el reemplazo de un profesor licenciado por estrés laboral, ¿por qué esa misma urgencia no impidió ceder ingresos fiscales a cambio de promesas inciertas de inversión?
El apretarse el cinturón no cayó sobre quienes más tienen, sino, entre otros, sobre la sala de clases donde los niños, niñas y adolescentes de Chile necesitan comunidades sanas, robustas y que podamos responder ante sus necesidades no solo educativas, si no que vitales.
A propósito de la discusión del presupuesto 2027, dejamos una pregunta abierta desde el aula y no desde un escritorio en Santiago: ¿Está dispuesto el Ministerio de Educación a defender ante Hacienda los cupos que su propia ley considera indispensables, o dejará que la convivencia escolar se resuelva, una vez más, con el sacrificio silencioso de quienes ya estamos en la sala de clases?
Nora Montero es profesora de especialidad en un liceo técnico-profesional de la Región de Atacama.
Matías Riffo es profesor en una escuela rural de la Región de Coquimbo